El “vuelve o vuelve” para el transporte interurbano

“La Provincia no va a poner un peso más para la solución de este conflicto. A las empresas que no cumplan se les suspenderá la concesión del servicio para otorgárselo a quienes se hagan de prestarlo en las condiciones que corresponde”. El mensaje que baja de la Secretaría de Transporte de la Provincia es contundente y tiene una fuerza que hasta el momento no había logrado transmitir. Un mensaje que es analizado con atención por los trabajadores, los ciudadanos y empresas. 

A comienzos de esta semana, ante la falta de un acuerdo concreto, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Trabajo dictaron una resolución conjunta obligando a las empresas “a dar destino exclusivo del total de subsidios que reciban, tanto a nivel nacional como provincial, al pago de los salarios”. En caso de que eso no suceda, las sanciones podrían empezar con la suspensión de los subsidios hasta la cancelación de la licitación para explotar el servicio. Esta parece ser la principal novedad en el cambio de actitud por parte de la cartera que dirige Franco Mogetta, desde donde parecen no estar dispuestos a tolerar más dilaciones por parte de los empresarios. 

Hasta hoy, viernes 4 de diciembre, las 44 empresas que explotan el servicio en todo el territorio cordobés tenían tiempo para depositar los salarios de noviembre. Pero el cumplimiento o incumplimiento no garantiza la resolución definitiva de un conflicto que arrastra faltas desde el primer trimestre del 2020.  

El año de las terminales vacías

La fecha que la Provincia le puso a la vuelta del transporte es la segunda quincena de diciembre. Habrán pasado exactos ocho meses desde el comienzo del paro más largo de la historia en el sector y entre los que se recuerden en la provincia. Un lunes 13 de abril, los trabajadores y trabajadoras nucleadas en la Asociación Obrera del Transporte Automotor (Aoita) fueron noticia en todos los portales informativos y las voces de los referentes sindicales del sector aparecieron en los principales canales de televisión y radios de la provincia. Comenzaba un paro que, en rigor de verdad, nadie proyectó durante tanto tiempo. 

Las audiencias fueron fracasando, los acuerdos se fueron incumpliendo, las reuniones empezaron a espaciarse y, de repente, la mirada sobre la situación de los trabajadores del transporte interurbano dejó de tener la atención que hubiese merecido en cualquier otro contexto. En agosto, el Gobierno formalizó la suspensión del transporte interurbano, que de hecho llevaba paralizado cuatro meses. La decisión fue empujada por la necesidad de “dar forma legal” a una situación que requería una decisión gubernamental en uno de los peores momentos de la pandemia en la provincia. El Ejecutivo mandó al Ersep a controlar cualquier tipo de transporte de pasajeros entre jurisdicciones. El trabajo resultó extremadamente sencillo. 

Especulación y subsidios

Después de estos ocho meses, desde el Gobierno provincial reconocen dos frentes de conflicto a los que habrá que seguir prestando atención más allá de lo que efectivamente pueda suceder desde la semana que viene. El primero tiene que ver con la actitud especulativa de las empresas que quedó al descubierto como pocas veces en tiempos de pandemia, sobre todo en el inicio del conflicto. “En el mes de marzo las empresas habían trabajado durante todos los días, tenían recaudación plena, habían recibido todos los subsidios y sin embargo depositaron el 70% del salario a los trabajadores”, recuerda Mogetta en diálogo con La Nueva Mañana. 

Claudio Luna, secretario gremial de Aoita, dice que la razón principal por la que el conflicto se extendió durante todos estos meses tiene que ver con esa actitud del empresariado que privilegió todas las demás obligaciones por sobre el pago de los salarios. “En esos hechos se explica la resolución de la provincia para que las empresas destinen los fondos que recibieron solamente al pago de salarios, porque saben que eso alcanza”, afirma. 

Precisamente en los dineros que llegan desde la Nación aparece el otro punto de conflicto. “La situación que se ha vivido en todo el interior del país durante todo este tiempo fue muy irregular”, dice el secretario de Transporte de la provincia, que afirma que desde la administración nacional mandaron los subsidios “cuando le pintaron, como le pintaron, y encima ahora nos enteramos que vamos a recibir una cuota menos”. “Se acabó la plata, no hay más presupuesto y nadie nos da una explicación. Todas las provincias hemos quedado con una cuota y media menos de lo que veníamos recibiendo y eso es un huecazo”, describe el funcionario. 

En sus palabras, a Córdoba la llegada de los fondos nacionales se retrasó hasta tres meses y en los últimos envíos las cuotas ya expresan la reducción de los montos antes mencionada. Así, en concepto de fondos destinados a todo el sistema de transporte público de la provincia (incluyendo también a los urbanos), Córdoba recibió 295 millones de pesos mensuales hasta el mes de agosto. A partir de septiembre, esos fondos disminuyeron hasta los 242 millones. Con un aumento mínimo aprobado en el presupuesto los fondos volverían a los valores acordados en enero. “Pero ellos siempre pagan a mes vencido así que los recibiríamos recién en febrero”, advierten desde el Gobierno provincial. Una luz de alerta que se vuelve a encender en el medio de la temporada. 

El desafío de “ponerse al día” y volver a trabajar

Tanto el gremio como las autoridades reconocen que “el cumplimiento por parte de las empresas es muy dispar” y que resulta “complejo” avanzar en una solución integral que presenta “una inequidad” en su interior que es reconocida por todas las partes. 

“La idea siempre fue que se salden las deudas y ahí vamos a estar en condiciones de volver a trabajar”, dice Luna. “Pasaron ocho meses en los que algunos compañeros llegaron a una situación que los enfrentó directamente a la indigencia. Fueron meses de incertidumbre en los que se hizo muy difícil poder satisfacer las necesidades básicas de cada una de nuestras familias”, afirma el referente sindical. “El Gobierno y los empresarios nos dejaron olvidados por una conveniencia de partes, por eso nunca se llegó a una solución. Hoy, el Gobierno muestra una clara voluntad para solucionar el conflicto porque tiene la temporada de verano encima y por eso les exige a los empresarios, que han transitado toda la pandemia sin poner ni siquiera un peso; que se hagan cargo de la parte que les toca. Esperemos que así suceda”, afirma. 

Con advertencias oficializadas, tiempos dilatados y el turismo golpeando las puertas de las terminales, todavía hay empresas que continúan diciendo que “la plata no alcanza”. La paciencia parece haberse terminado. Desde la Provincia advierten que hay “una lista” de empresas dispuestas a tomar el servicio en caso de que la solución exija algún cambio de titularidad por incumplimiento. Una de ellas, la cooperativa de trabajadores que impulsa la propia central gremial. “Nosotros tenemos esa carta que alguna vez surgió como una red de contención ante el peligro de futuros despidos y hoy es una herramienta que va a estar en la mesa”, afirma Luna.