La insurrección social en Chile amenaza su bienestar económico

La insurrección social en Chile amenaza su bienestar económico

Seguir al minuto el valor del dólar y temerle a la inflación no es una costumbre chilena, sino algo muy propio del otro lado de los Andes, de los argentinos. Pero eso está comenzando a cambiar: la crisis político-social desatada hace casi un mes en Chile está amenazando la salud económica del país.

El peso chileno siguió perdiendo valor hoy hasta superar la barrera de los 800 por dólar, una devaluación de más del 7% en lo que va de semana. La cotización es histórica, nunca el peso chileno valió tan poco.

Los analistas señalan varios factores como razones de la debilidad de la moneda local: la continuidad e intensificación de los hechos de violencia, el poco efecto de los anuncios del Gobierno de Sebastián Piñera y la falta de acuerdo político entre los principales partidos. A eso se suma el debate acerca de la necesidad de una Asamblea Constituyente, así como la continuidad de la guerra comercial entre Estados Unidos y Chile, que debilita el precio del cobre, el gran generador de divisas de la economía chilena.

 

Alfonso Swett, cabeza de los grandes empresarios chilenas, ha reclamado hoy un pacto social y ha pronosticado "una crisis económica bastante larga, prolongada y profunda", además del riesgo real de que el país, que lleva 20 años de crecimiento consecutivo, entre "en recesión técnica".

El analista económico Tomás Izquierdo destacó además que el alza del valor del dólar generará inflación, ya que el 60% de la canasta de consumo registrada por el índice de precios es importada. "Hay un vínculo muy directo entre precios y tipo de cambio".

El estado de insurrección social que atraviesa Chile se inició hace casi cuatro semanas, cuando una protesta de estudiantes por un alza en el boleto del metro de Santiago creció hasta niveles inesperados. Buena parte de la red del metro de la capital chilena fue inutilizada, Piñera reaccionó dándole a los militares el control de la seguridad e imponiendo el estado de sitio y 1,2 millones de personas se manifestaron pidiendo un cambio.