MEGAJUICIO CONTRA LA BANDA DEL «TUERTO CACHO»
Pablo Duarte 
Comienza en la Cámara Tercera del Crimen el juicio contra trece personas por el delito de Comercialización de Estupefacientes agravada por el concurso de dos o más personas.
La acusación está a cargo del Fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo que propuso un debate abreviado aceptado por algunos de los acusados. Resta saber si finalmente tendrá lugar un debate abierto en algunos de los casos. Las penas previstas tienen como base los 7 años de prisión efectiva.
La investigación tuvo su origen a partir de una denuncia realizada ante la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico -de Feria- el año 2019. Se destaca en esta causa el trabajo en coordinación entre la Justicia Provincial y la Justicia Federal de Córdoba para lograr completar con éxito la investigación en instrucción de la causa.
El eje central de la misma daba cuenta que desde que está detenido el “ Tuerto Cacho”, sus hermanos Cristian y Diego González quedaron a cargo “del negocio”. Cabe aclarar aquí que el mencionado “Tuerto Cacho” es de nombre Raúl Cuello y se trata de un reconocido narcotraficante de Córdoba que durante muchos años desplegó su actividad ilícita en un sector de esta ciudad, con base en Cooperativa El Progreso.
Luego de una muy extensa y compleja investigación desarrollada en los años 2017 y 2018, se logró conocer su estructura y funcionamiento.
El Fuero de Lucha contra el Narcotráfico y la FPA determinaron que se trató de un copamiento territorial para la venta de drogas en la zona de la ex Maternidad provincial.
Como consecuencia de la misma su líder Raúl Cuello se encuentra privado de libertad desde 3 de octubre de 2018, imputado del delito de comercialización de estupefacientes agravada.
Los acusados son: Diego Javier González; Cristian Orlando González; Natalia Jacquelin Pedraza, Gonzalo Sebastián Garrido; Martín Ezequiel Morán; Gladys Noemí Loza; Juan Antonio Aballay; Justina del Valle Gutierrez; José Alejandro Jaime; Erica Sabrina Messina; Saira Guadalupe Jaime Messina; Víctor Hugo Funes; y Cristian Germán Zurita. La denuncia fue formulada por el denunciante de identidad reservada, quien explicó que los hermanos González tenian numerosas personas que trabajan para ellos y que disponen de distintos lugares donde llevan a cabo la actividad ilícita.
En algunos sitios guardan la droga “los guardaderos”, en otros la vendían. Que todas las personas y lugares dependían de los González.
El denunciante también aportó nombres y domicilios de las personas encargadas de traer la droga a la Ciudad de Córdoba, así como también menciona los lugares de donde proviene (Salta y Bolivia).
Explicó la modalidad delictiva utilizada por los denunciados y la metodología que emplean para evitar ser descubiertos por el personal policial: comunicarse personalmente o solo por whatssap, cambio de las líneas telefónicas en forma permanente, hablar en palabras claves, contactos con personal policial, abogados que trabajan para la empresa delictiva, sicarios, armamento, etc.
En virtud de la complejidad de la referida denuncia y las diversas jurisdicciones que abarcaba su investigación, se resolvió requerir la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Dicho requerimiento fue aceptado por la PROCUNAR, organismo que luego de realizar un detallado análisis de los extremos de la denuncia, sostuvo “compartiendo el criterio expuesto por el Dr. Marcelo Sicardi, y dada la misión propia de esta Procuraduría fijada en la Resolución PGN 208/13, a cuyos términos me remito, fórmese investigación preliminar en los términos del art. 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (Ley 27.148) y de la Resolución PGN 121/06.
Regístrese y comuníquese al Sr. Procurador General de la Nación Interino, mediante oficio de estilo”. Continuando con el análisis de lo resuelto por la PROCUNAR es importante resaltar que en el Punto IV estableció que “el objeto de la presente investigación -en referencia a la de Justicia Federal- será profundizar la pesquisa en torno a la presunta línea de aprovisionamiento de los narcóticos con los que operaria la organización liderada como “Tuerto Cacho”.
Ello es así por cuanto de una lectura de la declaración brindada por el testigo de identidad reservada se desprende que las conductas de comercialización de estupefacientes se desplegarían íntegramente en la provincia de Córdoba, en tanto la línea de aprovisionamiento estaría centralizada en el norte del país, por lo cual, a efectos de optimizar los recursos estatales, en miras a evitar la duplicación en las pesquisas y proveer a una planificación eficaz, habremos de circunscribir el objeto procesal de esta investigación en los términos expuestos”.
Posteriormente, y luego de una investigación preliminar los Fiscales Federales promovieron acción penal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba, a cargo del Dr. Bustos Fierro, formalizando el requerimiento de instrucción en los términos del art. 180 y cc del Código Procesal Penal de la Nación.
En dicha oportunidad, quedó claramente delimitado el ámbito de actuación de las justicias provinciales y federales.
En tal sentido, se señaló que “ de acuerdo con las circunstancias apuntadas por la persona que declaró bajo reserva, como se indicó en un inicio, el fiscal Provincial requirió la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad para que se profundice la investigación en relación a los CANALES DE APROVISIONAMIENTO DE DROGAS DE LA ORGANIZACIÓN QUE INTEGRARÍA RAÚL ALBERTO CUELLO, ALIAS “TUERTO CACHO”, sobre todo teniendo en cuenta el carácter de la información aportada, la complejidad y gravedad de los hechos de tráfico ilícito que involucrarían varias jurisdicciones .
Al mismo tiempo, la Fiscalía a su cargo continuaría la pesquisa respecto de los sucesos que acaecerían en la provincia de Córdoba, vinculados con la vigencia de la estructura criminal y con la distribución comercial de la droga en ese ejido territorial”.
Es oportuno destacar que desde el inicio mismo de la investigación, existió un amplio canal de comunicación entre ambos y las dos fuerzas de seguridad intervinientes en la pesquisa –Gendarmería por la órbita Federal y Fuerza Policial Antinarcotráfico por la Provincia-.
De tal manera, ambas causas fueron progresando en cuanto a la incorporación de evidencias hasta que se colectaron pruebas suficientes para solicitar allanamientos en cada línea de investigación, aclarando que en todo momento la información fue compartida y coordinada de manera conjunta.
Fue así como con fecha 30 de octubre de 2019 se efectuaron múltiples allanamientos en forma simultánea en las dos causas, con resultados positivos, en cuanto se produjo el secuestro de estupefacientes y de otros objetos de interés probatorio para las pesquisas.
